
Por: Dámaris Morán
Este fin de semana, 7 de junio del 2025, San Luis Potosí fue protagonista de una escena desgarradora: una casa en condiciones deplorables albergaba a más de 20 perros hacinados, algunos desnutridos, enfermos y tres de ellos ya sin vida. La mujer responsable afirmaba “haberlos rescatado”. Pero lo que se vio ahí no fue un acto de compasión, sino una forma de tortura envuelta en el disfraz de la buena voluntad.
Y apenas nos dábamos tiempo de digerir lo ocurrido, cuando este martes 10 de junio se encuentra otro domicilio en condiciones similares: más perros, más encierro, más silencio. ¿Qué está pasando en San Luis Potosí?
¿Quién cuida a los que “rescatan”?
La acumulación de animales en casas particulares, muchas veces por parte de personas que aseguran actuar desde el amor, se ha convertido en un problema creciente. No hablamos de uno o dos casos aislados, sino de un patrón preocupante: personas con buenas intenciones pero sin medios ni preparación, que terminan convirtiendo su hogar en prisiones para animales.
Aquí surge la primera pregunta clave:
¿Dónde está la regulación?
San Luis Potosí carece de un registro real de albergues, refugios o rescatistas independientes. Cualquiera puede recoger perros de la calle y encerrarlos en una casa sin supervisión, sin revisión veterinaria, sin control sanitario. El resultado son casas con olores insoportables, perros en condiciones infrahumanas, y en el peor de los casos, cadáveres que se acumulan sin que nadie actúe hasta que el escándalo explota en redes sociales.
¿Para qué los tienen?
Esa es la gran incógnita. Porque una cosa es acumular perros por un impulso emocional o un trastorno como el síndrome de Noé, donde las personas creen que están salvando animales mientras en realidad los condenan al sufrimiento.
Pero hay otra posibilidad más oscura que no se puede ignorar: el uso de estos animales para fines turbios.
• ¿Peleas clandestinas?
• ¿Tráfico ilegal?
• ¿Rituales?
• ¿Venta fraudulenta de adopciones?
El hecho de que varios casos estén saliendo a la luz en tan poco tiempo debe ponernos en alerta. Esto no es normal. No son accidentes ni coincidencias. Es un síntoma de una descomposición institucional, social y cultural.
Una autoridad que llega tarde… si llega
¿Qué hace la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental? ¿Qué papel tiene Protección Civil? ¿Y las direcciones de bienestar animal de los municipios?
El marco legal es débil, ineficaz y, sobre todo, ignorado.
No hay inspecciones rutinarias. No hay sanciones ejemplares. Los casos se atienden cuando ya hay perros muertos, cuando los vecinos se hartan del olor o cuando el video se vuelve viral.
Y aún entonces, pocas veces hay consecuencias penales para los responsables. A lo mucho se decomisan los animales (cuando hay capacidad), se les lleva a albergues ya saturados, y se olvida el caso… hasta el siguiente.
¿Qué se necesita?
San Luis Potosí debe asumir con urgencia que tiene una crisis de bienestar animal.
No es suficiente promover la adopción y hacer ferias para tomarse la foto. Se necesita:
• Un censo real de refugios y rescatistas.
• Un protocolo estatal para inspeccionar domicilios sospechosos.
• Apoyo psicológico y legal para quienes sufren de acumulación compulsiva.
• Castigos ejemplares para quienes maltratan o asesinan animales.
• Y sobre todo, un sistema de denuncias fácil, anónimo y eficaz, que funcione más allá de un buzón olvidado o una cuenta de Facebook.
¿Y la sociedad?
Todos somos parte del problema y debemos ser parte de la solución.
Adoptar con responsabilidad, esterilizar, denunciar cuando se sospeche de hacinamiento o maltrato, no romantizar a quienes se llaman “rescatistas” sin sustento, y exigir a las autoridades que dejen de mirar hacia otro lado.
Porque lo que está en juego no son solo vidas animales, sino el reflejo de lo que somos como sociedad.
No podemos permitir que San Luis Potosí se convierta en una fosa clandestina de perros invisibles; porque recuerden: el silencio, en estos casos, también es crueldad.