IMPULSA UNA INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Con el objetivo de que los ayuntamientos, tengan como obligación la promoción de una cultura de separación de los residuos, que garanticen la recolección de desechos sólidos de manera diferenciada entre orgánicos e inorgánicos, el diputado César Arturo Lara Rocha propuso una iniciativa para modificar disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
Explica en su exposición de motivos, la necesidad de que los ayuntamientos apoyen para crear una cultura ciudadana de separar los desechos generados en casa, y por ello es necesario que, hagan un esfuerzo en la promoción, concientización y organización para la clasificación y entrega separada, a los servicios de recolección de los residuos sólidos urbanos, en orgánicos e inorgánicos.
Señala que es de suma importancia el contar con una cultura de separación de residuos, ya que la mayor parte de los productos que desechamos son reutilizables y/o reciclables.
Con la simple acción de separar el papel, el plástico, el vidrio y la materia orgánica, se facilita la recolección de residuos, y también se contribuye a la reducción del espacio que ocupan los residuos sólidos en los rellenos sanitarios y tiraderos, ayudando a alargar la vida útil de estos materiales, colaborando en la disminución de la contaminación y ahorrando recursos naturales y energía.
Recordó que de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, se establece que los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en orgánicos e inorgánicos con objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los Programas Estatales y Municipales para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, así como con los ordenamientos legales aplicables.
Por Orgánicos se clasifica todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo; e inorgánicos, todo desecho que no es de origen biológico.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales.
