marzo 27, 2025

DIP. MARCO ANTONIO GAMA BASARTE IMPULSA REFORMAS A DIVERSAS LEYES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

El diputado Marco Antonio Gama, propuso reformar disposiciones de diversas Leyes del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de cambiar el concepto de  Grupos Vulnerables y sustituirla por el principio de Grupos de Atención Prioritaria, lo que incidirá en el diseño, implementación y construcción de las políticas públicas dirigidas a este grupo poblacional.

El legislador indica que la denominación de “grupos vulnerables” tiene connotaciones lingüísticas negativas, al revictimizar y estigmatizar a diferentes grupos de personas, por estar expuestas al condicionamiento o limitaciones en el ejercicio de sus derechos, o por sus condiciones; lo anterior debido a diferentes circunstancias.

Indica que recientemente, un grupo de regidores del Ayuntamiento de la Capital, propuso una modificación a la Ley Orgánica del Municipio Libre, precisamente para que la Comisión edilicia de Grupos Vulnerables, para pasar a llamarse Comisión de Grupos de Atención Prioritaria, ya que el uso de la denominación ocasiona que se fije la atención en el concepto de “vulnerabilidad”, para definir a colectivos completos, con posibles impactos negativos.

Por lo que, al modificar la denominación por “Grupos de Atención Prioritaria”, se busca crear una impresión digna e incluyente sobre los grupos aludidos, además de que se considera también el impacto del lenguaje en la sociedad, al citar como ejemplo nominativo, el lenguaje inclusivo, que se ha incorporado a las Leyes.

Además, se debe agregar que la definición de “Grupos de Atención Prioritaria”, desplaza la atención fijada en una característica excluyente o estigmatizante de la población objetivo, para reubicarla en la acción pública; puesto que el término de “atención”, en el contexto normativo, alude a los deberes y atribuciones de las autoridades al respecto de los grupos sociales que deben de considerarse como objetivos básicos de los diversos programas públicos.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos.